Los recientes incidentes de ataques por parte de canes en España han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la convivencia entre humanos y perros.
Para muchos propietarios de perros clasificados como “perros potencialmente peligrosos” (PPP) en España, la expectativa ante la nueva ley de bienestar animal era alta. Se esperaba que trajera consigo una era de cambios positivos que permitirían una vida más serena con sus compañeros caninos.
Sin embargo, la ley de bienestar animal, que entró en vigor a finales de septiembre, ha mantenido el statu quo para los PPPs, dejando a los propietarios confundidos y desilusionados, preguntándose por qué una iniciativa que prometía tanto entendimiento y progreso ha sido descartada, manteniendo el estigma y las restricciones hacia ciertos perros independientemente de su conducta real. No obstante, no está todo perdido.
La realidad de los PPP
En España hay en alrededor de 100.000 perros considerados PPP. Una clasificación legal que se aplica a ciertas razas de perros que se consideran capaces de causar graves daños o incluso la muerte debido a su fuerza física, su instinto de presa y su capacidad de mordida.
La ley 50/1999 enumera al Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, como razas bajo esta categoría.
Estos perros, que están sujetos a regulaciones estrictas como el uso obligatorio de bozal y la necesidad de llevar una correa corta en todo momento en público, a menudo experimentan paseos menos placenteros y una calidad de vida restringida.
La mayoría de los ejemplares acogidos a dicha ley son “buenísimos” y “socialmente aceptables” sin ningún problema, pero por el hecho de pertenecer a una de las razas incluidas en esa normativa específica sobre supuesta peligrosidad se les etiqueta como animales de especial manejo sin que siempre esté justificado que así lo sea de acuerdo con su comportamiento.
Así lo explicaba la consejera de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, María Luisa Fernández, a EFE.
Precisamente esta condición ha sido objeto de debate, ya que muchos argumentan que la etiqueta de peligrosidad no siempre refleja el comportamiento individual del perro, sino que perpetúa un estigma basado en la apariencia y la raza.
Una evaluación más justa: la propuesta de cambio del ministerio
La visión del Ministerio de Derechos Sociales es reformar la actual ley de perros potencialmente peligrosos del 1999, transformando el criterio de clasificación para que sea menos discriminatorio y más centrado en el individuo. La propuesta sugiere que se realice un cambio legislativo en el que la supuesta peligrosidad de un can no se determine por su raza, sino más bien a través de un "test" de sociabilidad. Este cambio significaría una transición de un sistema basado en la estirpe a uno que evalúe el comportamiento real del animal.
Las pruebas de sociabilidad serían administradas por especialistas veterinarios y educadores caninos, quienes evaluarían el comportamiento del perro en función de criterios como su tamaño, peso y actitud, entre otros factores.
El objetivo de este enfoque es identificar de manera más precisa y justa a aquellos perros que realmente representan un riesgo para la sociedad, en lugar de aplicar una etiqueta generalizada a determinadas razas. Esta iniciativa reflejaría un reconocimiento de los derechos de los animales y sus dueños, promoviendo una convivencia más armónica y basada en el entendimiento mutuo.
El desafío de la evaluación individual
Los profesionales piden prudencia al considerar que una evaluación individual de cada perro es una tarea compleja y difícil de realizar con fiabilidad. Esta dificultad se debe a la diversidad de comportamientos dentro de una misma raza y a la influencia del entorno y la educación que recibe cada animal.
Además, España cuenta con aproximadamente siete millones de perros, lo que hace que el desafío logístico y de recursos para realizar evaluaciones comportamentales individuales sea aún más abrumador, dado que los expertos plantean que todos los perros deban hacer la prueba.
Hacia un futuro de comprensión y prevención
El futuro de la relación con los caninos está orientado hacia la prevención y la educación. Con un llamado a la responsabilidad en la cría y la tenencia de perros, tanto los expertos como las autoridades buscan fomentar un entorno seguro sin prejuicios hacia ciertas razas.
El debate actual gira en torno a cómo garantizar que la coexistencia de perros y humanos sea segura y respetuosa, y cómo las leyes pueden adaptarse para reflejar mejor la individualidad de cada perro, más allá de su herencia genética. Este enfoque holístico es esencial para avanzar hacia una sociedad que valore a los animales por su carácter y su comportamiento, más que por su raza o apariencia.
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